¡Al bote Williams Quiroz por «rata»!
Detectaron millonario desvío cuando fue director del Instituto Tecnológico de Rodríguez Clara
El Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara es el ente estatal del bienio yunista que resultó con daño patrimonial en las Cuentas Públicas 2017 y 2018 por 23 millones 857 mil 299.86 pesos y al no solventarlo, enfrenta dos denuncias penales, el acayuqueño Williams Quiroz estuvo como director de ese plantel.
En la Cuenta Pública 2017 se detectó un daño patrimonial por un millón 353 mil 299.86 pesos, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz y se integró la Carpeta de Investigación FGE/FECCEV/216/2020.
Y en la Cuenta Pública 2018, el daño patrimonial fue por 22 millones 504 mil pesos, por lo que se presentó la denuncia penal respectiva que quedó radicada en la Carpeta de Investigación FGE/FECCEV/066/2021.
El daño patrimonial en ambos ejercicios fiscales fue por recursos no devengados y no reintegrados; por salarios excesivos a personas que no estuvieron frente a grupo y por contratación injustificada de servicios de investigación que no contribuyeron a la educación tecnológica.
En el 2017 se detectaron recursos no devengados por un monto de un millón 108 mil 973.45 pesos para la operación del organismo que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación; y pagos de salarios excesivos por un importe de 244 mil 326.41 pesos, por actividades de docencia a servidores públicos que no realizaron funciones frente a grupo.
Y en el 2018, en la revisión a los auxiliares contables correspondientes a los gastos realizados por concepto de “Servicios Generales”, se detectó que en el mes de noviembre hubo un registro contable por 22 millones 504 mil pesos en el rubro de “Estudios, Investigaciones y Proyectos”.
Sin embargo, el objeto de los servicios adquiridos y registrados contablemente por el Instituto no refleja aportaciones concretas para el logro de los objetivos para los cuales fue creado el Ente Fiscalizable.
Sobre todo, porque en los servicios contratados no se identificaron avances científicos y tecnológicos que contribuyeran al mejoramiento de la enseñanza tecnológica en beneficio de la comunidad estudiantil matriculada en ese centro de estudios, por lo que dichos servicios no justifican la procedencia de su contratación.