En pocas semanas, la lluvia de críticas aisladas a su quehacer se ha convertido en una tormenta debida a asuntos personales, posibles conflictos de interés, persecuciones cuestionables y reproches de personalidades cercanas al presidente, Andrés Manuel López, como la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Las acusaciones contra 31 científicos, que la Fiscalía busca detener por delitos reservados habitualmente para hampones vinculados a crímenes mayores, ha unificado a los críticos, que señalan su carácter punitivo y desquitado.
Las críticas iniciaron desde su nombramiento como fiscal en 2019, dirigido desde Palacio Nacional, barnizado por el Congreso, criticado por organizaciones que monitorean la procuración de justicia.
Algunos de sus críticos señalan que frente a la realidad violenta que enfrenta el país se requería a alguien actualizado en nuevas técnicas de investigación, en macrocriminalidad, que supiera cómo funciona el nuevo sistema de justicia penal, una persona en contacto con la ciudadanía, con las víctimas, que esté abierta a la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Y Gertz no cumple ninguna de estas características.
A finales de marzo, se revelaron los pormenores de la denuncia del fiscal contra quien había sido la pareja de su hermano. Federico Gertz había muerto en el hospital en septiembre de 2015. Alejandro Gertz, denunció a su pareja, Laura Morán, y a sus hijas, por su homicidio.
Los hijos de Cuevas han denunciado que Gertz ha usado su poder de manera facciosa y que incluso les embarcó en una negociación por la liberación de su madre, que pasaba por la entrega de varios millones de pesos en dinero, obras de arte y otros objetos de valor que, a juicio del fiscal, le pertenecían como parte de la herencia de su hermano.
Otra polémica que envuelve al fiscal es que después de diez años y vario rechazos a cuestas, Gertz consiguió acceder finalmente al máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores, medio para financiar el trabajo de científicos destacados en el país.
Pero académicos independientes criticaron su inclusión, que Gertz había batallado en tribunales durante años, acudiendo incluso al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred.
Y la llegada a México en 2020 de uno de los personajes clave en la presunta red de sobornos, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, preveía un feliz desenlace para el fiscal, pero un año más tarde, los nombres de decenas de políticos y altos cargos de la administración anterior han bailado en otros tantos titulares, pero las acusaciones siguen sin concretarse.
Otro caso es el del general Salvador Cienfuegos, quien en octubre de 2020 fue detenido en Estados Unidos, por facilitar supuestamente el tráfico de drogas a un grupo criminal del Pacífico mexicano. Pero el Gobierno de López Obrador consiguió que el país vecino retirara los cargos y mandara al general de vuelta a México. La FGR abrió entonces una investigación… y a las pocas semanas archivó las pesquisas.
Y el caso de los científicos ha sido la gota que derramó la paciencia de muchos que hasta ahora habían callado. La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó el proceso de “excesivo”. José Ramón Cossío, tildó el proceso contra los científicos de perverso.