Opinión

Un barco a la deriva

Por Ramón Aguirre Díaz

Ya hemos comentado en este espacio sobre la necesidad de modificar el modelo de gestión con el que vienen funcionando los organismos responsables de la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento del país.

Hoy por hoy, salvo contadas excepciones, los organismos se encuentran descapitalizados financieramente, con muchas deficiencias en mantenimiento por falta de la generación de recursos propios, vía el cobro de sus servicios, donde incluso, a muchos no les alcanza ni para pagar su consumo de energía eléctrica. Esto, aunado al recorte de los subsidios gubernamentales, que también disminuye las posibilidades de construir la infraestructura necesaria para mejorar la cobertura y calidad de los servicios que se prestan, además de muchos otros aspectos que nos pronostican una crisis en el subsector agua potable, de no tomarse medidas oportunamente.

Pero, más allá de las necesarias reformas legales y del indispensable incremento en los presupuestos federal y estatales que apoyen en la construcción de la infraestructura hídrica, necesitamos que los tomadores de decisiones — gobernadores, presidentes municipales, las juntas de gobierno o los consejos de administración— tengan mejores elementos para evaluar el rumbo que tienen los organismos operadores y definir, en su caso, las acciones correctivas necesarias para avanzar en la dirección adecuada.

Dicen que lo que no se mide no se puede mejorar y un primer paso, por supuesto, es medir la gestión. Pero hay que llevarlo más allá, requerimos, además, de una evaluación objetiva y aquí es donde los indicadores se vuelven una herramienta muy importante para la evaluación de la gestión de los organismos operadores, de su eficiencia y de la calidad de los servicios que proporcionan.

Un primer grupo de indicadores está relacionado directamente con el servicio, como serían: las coberturas de la red de agua potable, de drenaje y del tratamiento (en %); la presión promedio en la red de distribución (en kg/cm2); el porcentaje de agua suministrada que cumple con la norma de potabilidad, entre otros.

Un segundo grupo de indicadores se refiere a la gestión comercial y administrativa, como por ejemplo: la eficiencia comercial (relación entre el agua facturada y la efectivamente cobrada); la facturación promedio por conexión ($/conexión); el número de trabajadores por cada mil conexiones; el porcentaje del egreso destinado a energía eléctrica, a personal y a mantenimientos (en %); el monto del rezago en pago de los usuarios; etcétera.

Por supuesto que son muchos más los indicadores que deben evaluarse, pero la realidad es que rara vez se ocupan. La presentación y disección de dichos indicadores debería ser la principal herramienta para evaluar los resultados y para la toma de decisiones por parte de las autoridades responsables. Pero se trataría no sólo de determinarlos y evaluarlos, sino también de establecer metas anuales, de mediano y largo plazos, con base en un comparativo o benchmarking con los resultados alcanzados por otros organismos de condiciones similares.

Lo que llega a ocurrir normalmente en las juntas de gobierno o consejos de administración es la presentación de información coyuntural, dispersa y parcial, no la que realmente se requiere para evaluar el desempeño y orientar las decisiones. El trabajo de dirección sin indicadores confiables, sin objetivos ni metas, es el equivalente a un barco sin timón y a la deriva, algo que podemos cambiar en muy poco tiempo en nuestro país si tenemos la disposición para ello.

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