Fue uno de los funcionarios de Salud que malinformaron a jueces que no se había autorizado vacuna para niños.

AGENCIAS.- Magistrados de Tribunales Colegiados del Poder Judicial de diversas entidades del país comenzaron a integrar expe­dientes para solicitar ante el Ministerio Público que se ini­cien carpetas de investigación en contra de Hugo López-Ga­tell, subsecretario de Pre­vención y Promoción de la Salud, y Gabriel García Ro­dríguez, director general de Epidemiología.

El cargo es el probable de­lito de falsedad en declara­ciones ante una autoridad judicial sobre la autorización de emergencia de la vacuna anticovid para niños de cinco años en adelante.

El argumento de los ma­gistrados y jueces federales es que se viola el interés superior del niño, que garantizan tanto la Constitución como los tra­tados internacionales, por ser un derecho humano, como el acceso a la salud.

Lo anterior, luego de que la Comisión Federal para la Pro­tección contra Riesgos Sanita­rios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia para la vacuna de Pfizer para niños de cin­co años en adelante, desde el pasado 3 de marzo, de acuer­do con el portal oficial de Va­cunas Autorizadas para uso de Emergencia, y pese a ello, la Secretaría de Salud (Ssa) mentía al informar a los jue­ces que aún no se contaba con la autorización.

Entre los argumentos que la Ssa seguía interponiendo en los recursos de queja a los magistrados para no vacunar a niños y niñas de entre 5 y 11 años, ya estando autorizada su uso de emergencia, eran la imposibilidad para aplicar la dosis debido a la falta de au­torización (por parte de la Co­fepris) respecto de cualquier vacuna para menores de 12 años y que carecía de los co­nocimientos científicos para determinar la cantidad de do­sis que debía suministrarse al menor de edad.

Las autoridades respon­sables de firmar estos recur­sos de queja, entregados a los magistrados, a través del área jurídica de la Ssa, fue­ron el subsecretario Hugo López-Gatell y Gabriel García Rodríguez, director general de Epidemiología.

De acuerdo con informa­ción que obtuvo Excélsior, a través del Poder Judicial, en Guanajuato se están re­solviendo unas 90 quejas a la semana por cada Tribunal Colegiado. En los cientos de casos de menores de edad que han pedido, mediante amparo, ser vacunados con­tra covid-19, las autoridades federales de Salud seguían alegando lo mismo, la no au­torización por parte de Co­fepris para menores de 5 a 11 años, a pesar de que ya existía.

Excélsior documentó des­de el jueves que la Cofepris mantuvo oculta la autorización de uso de emergencia de la va­cuna Pfizer-BioNTech para el grupo de edad de 5 a 11 años.

Se supo hasta que se entre­gó un informe a Jesús Galle­gos, Juez Segundo de Distrito del estado de Oaxaca, me­diante oficio número 04505, relacionado con el juicio de amparo 1380/2021, tramitado desde el 2 de diciembre por Alma Franco, abogada y ma­dre de Jorge de 10 años, para que su hijo fuera vacunado.

La gran interrogante es ¿por qué esperar a dar una no­ticia tan relevante y tan solici­tada por los pediatras y padres de familia? ¿Será que tiene fi­nes políticos? ¿Electorales? ¿O será que no hay suficientes vacunas Pfizer? Es importante recalcar que solamente Pfizer ha cumplido con los estudios clínicos de fase 3 para este grupo de edad. Esperemos que esta aprobación, inde­pendientemente de su fecha de autorización, sea la puerta de entrada para que los niños mexicanos tengan acceso a la salud. Hasta ahora sólo han sido vacunados en los estados del norte del país, a través del Plan Transfronterizo de Vacu­nación, o aquellos con posibi­lidades económicas de viajar. Lo que deja un hueco enor­me en la equidad en salud de los niños mexicanos, consi­derando que TODOS tienen el mismo derecho a la salud”, argumentó Cipatli Ayuzo Del Valle, investigadora de la Aca­demia Mexicana de Pediatría, en entrevista con Excélsior.

Con esta publicación de Cofepris en su página web, aunque aún oculta al público en general, la Ssa ya no tie­ne argumentos para contes­tar a los jueces que la vacuna de Pfizer carece de autoriza­ción. Lo que se espera en las siguientes semanas es una avalancha de amparos que obligarán a las autoridades a aplicar la vacuna.

Es verdaderamente in­comprensible la decisión de Cofepris de no haber dado a conocer a tiempo la aproba­ción de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para me­nores de 5 a 11 años.

Es un hecho demostrado que los niños requieren ser vacunados pero, como se ha mostrado, no hay una inten­ción de vacunarlos, ni exis­te un contrato para comprar vacunas por parte del sector salud. Esperamos que esto no tenga efectos catastróficos en la población en los próximos brotes o con nuevas varian­tes”, concluyó Xavier Tello, ci­rujano y analista de políticas públicas de salud.