DIARIO DE ACAYUCAN La Voz de la Gente
El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, enfrenta una investigación por el presunto desfalco de más de 30 mil millones de pesos al erario público, según informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las auditorías revelaron irregularidades en el manejo de recursos federales durante su gestión.
La ASF ha presentado al menos dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex mandatario estatal. Las acusaciones incluyen presuntos delitos como desvío de recursos públicos y delincuencia organizada, lo que podría derivar en sanciones severas.
Durante la audiencia celebrada el pasado sábado en los juzgados de procesos penales federales del Reclusorio Oriente, se dio a conocer que entre 2016 y 2021, la administración de Aureoles causó un perjuicio patrimonial superior a 3 mil 400 millones de pesos. La FGR señaló que los fondos fueron utilizados de manera irregular para el arrendamiento, mantenimiento y adquisición de siete cuarteles policiacos en Michoacán, calificando la operación como «sumamente inexplicable e irracional».
Cuatro ex funcionarios cercanos a él fueron arrestados el pasado 1 de marzo en relación con estos hechos. Durante la audiencia la parte acusadora presentó pruebas sobre supuestos irregularidades que configurarían delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Los cuarteles policiales involucrados en la operación están ubicados en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas. Según la FGR, el presunto daño patrimonial por estas adquisiciones asciende a más de 3 mil 412 millones de pesos.
La orden de aprehensión contra Silvano Aureoles se giró el 1 de marzo, mientras que sus colaboradores fueron detenidos en diferentes ubicaciones. Carlos Maldonado, ex secretario de Finanzas, fue capturado en Estados Unidos. En Morelia fueron aprehendidos Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública y ex funcionaria de Seguridad en el Estado, respectivamente. También fue detenido Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán.
Un análisis del sistema de auditorías de la ASF, realizado por Milenio, indica que el gobierno de Michoacán no ha podido justificar irregularidades por un monto superior a 28 mil 588 millones de pesos entre 2016 y 2021, repartidos en 204 expedientes. Además, existen 60 expedientes adicionales correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021 que suman otros 2 mil 139 millones de pesos pendientes de aclaración, ya considerados como posible daño patrimonial.
Las denuncias presentadas ante la FGR derivan de una auditoría sobre las participaciones federales que recibió Michoacán en 2020. No obstante, el monto exacto de los fondos involucrados en la querella no ha sido detallado públicamente.
Cabe resaltar que un expediente adicional por más de mil 221 millones de pesos sin solventar permanece en revisión en la Dirección General de Investigación. También hay tres expedientes en seguimiento por otros 800 millones de pesos que no han sido reintegrados a la Federación, lo que agrava el panorama legal del ex gobernador y su administración.
