El gobierno de Donald Trump ha comenzado a desplegar tropas de la Guardia Nacional en algunas ciudades estadounidenses bajo el argumento de combatir la delincuencia, en una medida que ha sido duramente cuestionada por demócratas y líderes locales.
Chicago fue calificada por su secretaria de Seguridad Nacional como una “zona de guerra”, mientras que en Portland un tribunal declaró ilegal el envío de tropas, lo que no impidió la llegada de efectivos desde California, desafiando incluso el fallo judicial.
Gobernadores como el de Illinois, J.B. Pritzker, y el de California, Gavin Newsom, acusaron al presidente republicano de manipular el aparato militar para ganar apoyo político y generar caos.
«Quieren crear la zona de guerra para justificar más despliegues», advirtió Pritzker.
La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, también rechazó la presencia militar, mientras que una jueza federal afirmó que la narrativa de insurrección “no se ajusta a los hechos”.
A la par, crecen las operaciones del ICE en ciudades demócratas, con denuncias por el uso de agentes encapuchados y vehículos sin identificación. En los últimos días, dos incidentes con disparos (uno de ellos mortal) han encendido aún más la polémica.
Una encuesta de CBS muestra que el 58% de los estadounidenses rechaza el uso de la Guardia Nacional para controlar las ciudades.