Jueces de Estados Unidos pidieron información ayer martes al Gobierno y al estado de Florida sobre cómo opera el centro de detención migratoria «Alligator Alcatraz» (Alcatraz de los Caimanes) mientras avanzan dos demandas distintas contra el sitio, al oeste de Miami, una de defensores de migrantes y otra de ambientalistas.
La jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, exigió a las autoridades revelar los acuerdos que tiene el Gobierno estatal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para operar el centro, que desde el 3 de julio retiene a migrantes.
También, según documentos judiciales disponibles, pidió «el más reciente estudio de impacto ambiental» del sitio, que opera en un aeropuerto abandonado entre los Everglades, zona natural con especies protegidas, lo que motivó la demanda de Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.
En el otro caso, el juez Rodolfo A. Ruiz II, también del Distrito Sur de Florida, autorizó a los demandantes, liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y migrantes detenidos, pedir al Gobierno que difunda acuerdos entre las agencias gubernamentales para operar el centro.
Las organizaciones ecologistas y civiles buscan el cierre total del centro, que por ahora tiene una capacidad para 2 mil detenidos y crecerá hasta 4 mil, según el Gobierno de Florida.
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DIARIO DE ACAYUCAN La Voz de la Gente